En defensa del consentimiento informado para la vacunación en Estados Unidos
La vacunación es una intervención médica que se realiza a una persona sana con el fin de prevenir, en teoría, enfermedades infecciosas que podrían afectarle o transmitirse a otra persona y causarle daño. Muchas personas padecen enfermedades infecciosas, como la varicela y las paperas, sin desarrollar complicaciones que provoquen problemas de salud permanentes o la muerte. Otras sí las desarrollan.
A diferencia de la recuperación tras una enfermedad infecciosa, que a menudo proporciona inmunidad de por vida, la vacunación no confiere inmunidad de por vida. En algunas personas, la vacunación no surte ningún efecto y ni siquiera proporciona inmunidad temporal.
Todos los productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, conllevan un riesgo de efectos nocivos. Del mismo modo que cada persona puede reaccionar de forma diferente a los medicamentos recetados, algunas personas corren un mayor riesgo que otras de sufrir reacciones adversas a la vacunación que pueden provocar enfermedades crónicas y discapacidad, o incluso la muerte.
En 1986, el Congreso reconoció la realidad de las lesiones y muertes causadas por las vacunas al aprobar la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles. En 2007, el Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos ya había concedido casi $2 mil millones a las víctimas de las vacunas, a pesar de que los funcionarios federales siguen impugnando todas las reclamaciones y de que a dos de cada tres víctimas de las vacunas se les deniega la indemnización.
En 1991 y 1994, el Instituto de Medicina (IOM) publicó unos informes en los que se revisaba la literatura médica en busca de pruebas de que las vacunas pueden causar lesiones e incluso la muerte. El IOM confirmó que las vacunas pueden provocar daños en el sistema inmunitario y en el cerebro, así como la muerte, y admitió que existen “muchas lagunas y limitaciones en los conocimientos que inciden directa o indirectamente en la seguridad de las vacunas”. Entre ellas se incluye “una comprensión insuficiente de los mecanismos biológicos que subyacen a los efectos adversos tras una infección natural o la vacunación…”.”
Desde principios de la década de 1980, todas las nuevas vacunas desarrolladas por las empresas farmacéuticas para niños han sido recomendadas por las autoridades sanitarias federales de EE. UU. para su uso generalizado en todos los niños del país. Hoy en día, los estadounidenses están obligados a comprar y utilizar más vacunas que los ciudadanos de cualquier otro país del mundo.
En 1982, los pediatras administraban a los niños 23 dosis de 7 vacunas, entre ellas las contra el sarampión, las paperas y la rubéola. En 2007, el número de dosis de vacunas que el Gobierno federal recomendaba para su uso universal hasta los 12 años se había más que duplicado, hasta alcanzar las 56 dosis de 16 vacunas: difteria (6 dosis), tos ferina (6 dosis), tétanos (6 dosis), poliomielitis (4 dosis), sarampión (2 dosis), paperas (2 dosis), rubéola (2 dosis), HIB (4 dosis), hepatitis B (3 dosis), varicela (2 dosis), hepatitis A (2 dosis), neumocócica (4 dosis), rotavirus (3 dosis), gripe (5 dosis), meningocócica (1 dosis) y VPH (3, para las niñas).
Hoy en día, el número de niños estadounidenses que padecen disfunciones crónicas del cerebro y del sistema inmunitario es más del doble que en las décadas de los setenta y los ochenta, cuando se les administraba la mitad de vacunas. En la actualidad, 1 de cada 450 niños en Estados Unidos desarrolla diabetes; 1 de cada 150, autismo; 1 de cada 9, asma; y 1 de cada 6, dificultades de aprendizaje.
La industria farmacéutica está desarrollando decenas de nuevas vacunas, que se están probando en más de 1.800 ensayos clínicos en seres humanos en todo el mundo para prevenir desde el herpes y la sífilis hasta la adicción a la nicotina y la cocaína. Los estadounidenses se enfrentan hoy en día a un sistema de vacunación masiva obligatoria cada vez mejor financiado y más estructurado, que impone sanciones sociales y penales a quienes no se administren múltiples dosis de múltiples vacunas.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó en 1905 el derecho legal de los estados a exigir a los ciudadanos que se vacunen contra la viruela. Desde entonces, las leyes sobre vacunación de la mayoría de los estados han contemplado exenciones a la obligación de vacunarse por motivos médicos, religiosos y de convicciones filosóficas o de conciencia. Los requisitos para obtener estas exenciones se formulan de manera diferente en cada estado.
Todos los estados, salvo dos (Misisipi y Virginia Occidental), permiten la exención por motivos religiosos, aunque la formulación sobre qué creencias dan derecho a dicha exención varía de un estado a otro. Diecisiete estados contemplan la exención por motivos filosóficos, de creencias personales o de conciencia. Estos estados son los que más se acercan a proteger el derecho de los estadounidenses a ejercer el consentimiento informado respecto a la vacunación.
Sin embargo, tanto las exenciones por motivos religiosos como las basadas en convicciones filosóficas o de conciencia se ven amenazadas por los defensores de la vacunación obligatoria, quienes sostienen que estas exenciones suponen “lagunas” en la legislación sobre vacunas que permiten que demasiadas personas eludan la vacunación. Afirman que, si muchas personas deciden no vacunarse, ello podría dar lugar a futuras epidemias de enfermedades infecciosas.
El 17 de noviembre de 2007, las autoridades del estado de Maryland ordenaron a varios miles de padres que se presentaran en un juzgado del condado con sus hijos para que les administraran dos vacunas recientemente obligatorias contra la hepatitis y la varicela; de lo contrario, se enfrentarían a penas de cárcel y multas elevadas. No había ninguna emergencia de salud pública. No hubo ningún ataque bioterrorista. No había ninguna epidemia desenfrenada de una enfermedad mortal.
No se hicieron preguntas sobre reacciones previas a las vacunas ni sobre riesgos para la salud antes de que se vacunara a los niños allí mismo. Guardias armados acompañados de perros se aseguraron de que nadie del público, incluidos los medios de comunicación, pudiera entrar en el juzgado para ver lo que estaba sucediendo. Era la primera vez que los estadounidenses presenciaban cómo se detenía a otros ciudadanos y se les amenazaba con la cárcel por el simple hecho de no mostrar a los funcionarios del Gobierno una prueba de vacunación. No será la última vez, a menos que los ciudadanos de todos los estados se levanten y luchen por su derecho a tomar decisiones informadas y voluntarias sobre la vacunación, tanto para ellos mismos como para sus hijos.
Partiendo de la base de que la ciencia médica y los médicos que la practican no son infalibles, y de que lo que los médicos consideran cierto hoy puede resultar erróneo mañana, los usuarios de la sanidad, cada vez mejor informados, exigen ahora más información, más opciones y una colaboración más equitativa con los médicos a la hora de tomar decisiones. Plantean preguntas en lugar de confiar ciegamente. Una de las grandes preguntas que aún deben responder los médicos y las autoridades sanitarias es: ¿por qué hay tantos niños con un alto nivel de vacunación que están tan enfermos?
